Izquierda Unida ha denunciado públicamente la privatización del sistema de atención y cita al usuario que ha sido licitado a una empresa por 8.700.000 euros. Según el pliego de condiciones que ha presentado el Gobierno de Aragón (disponible buscando en Google: CETEC y DGA), el servicio de cita en los centros de salud se prestará mediante un número telefónico 902, que tiene un coste para el usuario (los 902 no son gratuitos) y que significará, además, que el Gobierno de Aragón pague 60 céntimos de euro más por cada cita concertada.
El dinero del Gobierno es de todos y todas y, por tanto, cada vez que llamemos al 902 pagamos dos veces. Una directamente y otra lo que paga nuestro Gobierno con nuestros impuestos. Las citaciones se realizarán llamando al 902. Contestarán desde el Centro de Atención al Ciudadano ubicado en el polígono Walqa de Huesca.
El Gobierno de Aragón pone a disposición de la empresa (UTE-Telefónica) el local para que aún le sea más rentable. Este nuevo servicio está mecanizado, y será “prestado” por esta empresa que contratará, con el convenio estatal de telemarketing, el más bajo de todo el país, a 36 teleoperadoras (viva el empleo que crea nuestro gobierno) que, inicialmente, trabajarán en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca) pero que, después, el servicio se podrá prestar desde cualquier parte del mundo. ¿Estará el Call Center de las citas de nuestro Centro de Salud en Tanger, Bombay, Lima ,…?
Este nuevo sistema de citaciones en Atención Pública es contrario a varios aspectos fundamentales del Decreto de Reforma de AP en Aragón que está a punto de aprobarse, y que promete la potenciación de las Unidades de Atención al Usuario en los propios centros de salud, para una atención más cercana y de calidad al usuario.
(del Boletín de IU)
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