La diversidad y el aumento de confesiones obliga a cambios.
Empleados públicos, directores generales, concejales y presidentes de comarca se reunieron ayer, por primera vez, para reflexionar sobre los crecientes conflictos con que se están encontrando derivados de la pluralidad religiosa. Unos problemas que nacen por el desconocimiento generalizado de esta nueva realidad y cuyas soluciones llegarán a finales de año en forma de manual de buenas prácticas en la gestión pública.
Así lo reveló José Manuel López, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, quien afirmó que la diversidad debe transformarse en un elemento de cohesión social. Y que los municipios contarán con once guías de adaptación técnica para dar respuesta a demandas como los enterramientos, la apertura de nuevos lugares de culto, la educación, el orden público, la salud, la política social o la institucional.
La reforma de la Ley de Libertad Religiosa obligará a ciertos cambios para reconocer este derecho fundamental. Y los ayuntamientos y comunidades autónomas son, muchas veces, los competentes en las materias.
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